Fuente: elpitazo.net
El economista y director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), Oscar Meza, advirtió que el bono contra la Guerra Económica, que otorga el gobierno de Nicolás Maduro y que el pasado 1 de mayo fue aumentado al equivalente a 30 dólares para los trabajadores activos y 20 dólares para los pensionados, puede formar parte del salario si se otorga con regularidad como contraprestación por el trabajo realizado.
“Si un trabajador recibe una cantidad de dinero de manera regular por concepto de su trabajo, eso se considera salario en algún momento”, destacó el economista. Además recordó que esa regla está presente en la legislación venezolana desde el año 1997, cuando así lo definió la comisión tripartita con la salarización de los bonos (en ese momento de transporte y alimentación).
Indicó que se trata de una disposición establecida en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo vigente desde 2012, el cual dice: “Se entiende por salario la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en moneda de curso legal, que corresponda al trabajador o trabajadora por la prestación de su servicio y, entre otros, comprende las comisiones, primas, gratificaciones, participación en los beneficios o utilidades, sobresueldos, bono vacacional, así como recargos por días feriados, horas extraordinarias o trabajo nocturno, alimentación y vivienda”.
El texto legal agrega que “… los subsidios o facilidades que el patrono o patrona otorgue al trabajador o trabajadora, con el propósito de que éste o ésta obtenga bienes y servicios que le permitan mejorar su calidad de vida y la de su familia tienen carácter salarial”. La Ley del Trabajo excluye de la denominación del salario al bono de alimentación o cestaticket, aclara el director del Cendas.
VIOLACIÓN A LA LEY DEL TRABAJO
Para Meza, el anuncio realizado el pasado 1 de mayo viola la ley, lo que se podría reclamar ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en algún momento. En caso de que una solicitud de este tipo prospere, representaría una deuda, porque incluiría retroactividad, y las partes tendrían que acordar cómo liquidarla.
“Se está violando la ley y ellos (el Gobierno) lo saben. Los que están en el gobierno nos criticaron hace 25 años cuando los bonos de alimentación y transporte eran superiores al salario. Si aparte del trabajo te entregan otro bono de manera regular al final se puede salarizar y eso se imputa a las prestaciones sociales”, insistió. Señaló que esa medida aplica tanto al sector público como al privado.
“En Venezuela, el mercado laboral se acerca a lo que sería una gran maquila”, dijo en referencia a las fábricas de algunos países de Centroamérica y Latinoamérica en las que los trabajadores son explotados con bajos salarios y jornadas extensas.
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Judith Rodríguez
Editora de RDN Digital
